10 de julio de 2009

Redes wifi municipales y la consulta publica de la CMT


Que alguien me explique en qué medida distorsiona el mercado, o atenta contra la libre competencia que un Ayuntamiento ponga wifi gratis en la plaza del pueblo.

Ya se que esta consulta pública que hago es muy general, capciosa, y que habría que particularizar.

Pongamos por ejemplo un Ayuntamiento de menos de 100.000 habitantes, es decir toda España menos 61, dejamos fuera macro proyectos como el de Barcelona. No se trata de poner wifi en toda la ciudad, ni siquiera en todo un barrio, sino en una plaza o parque público, o en 5. No se trata de redes malladas ni de nada por el estilo. No creo que el número de usuarios de este servicio fuera desorbitado, sinceramente no creo que fuese muy utilizado. ¿Porqué ponerle reparos entonces?

Vayamos por partes. El ancho de banda de estos servicios no debe ser muy amplio, con una mega va de sobra. Esto permitiría una navegación fluida a unos 5 ó 6 personas, pues ya sabemos que eso de las velocidades que ofrecen las operadoras no es muy real y a veces no llega ni a la mitad. Esto es algo con lo que la CMT no se mete, o lo hace poco, debe ser que la publicidad engañosa no tiene nada que ver con la libre competencia y la distorsión de los mercados. Podríamos discutir bajarla a 512K, pero ya menos me parece irrisorio, simplemente consultar el correo web podría convertirse en una tortura, por la consabida bajada en el ancho de banda que ofrece el operador. Volviendo al tema de los operadores, el ayuntamiento tendría que contratarle a uno o varios de ellos ese ancho de banda o servicio, quizás podría hacerlo con todos los de la ciudad, . Pues bien, despues de todas estas aclaraciones, dudo que alguna vez en esa plaza del pueblo se vean 5 ó 6 personas navegando a la vez, ya sea con portátil, móvil, psp o lo que sea.

Sólo el 15.4% de los usuarios tiene contratado 1 mega o menos, es decir, que el 84.6% de los españoles que tiene contratado internet es de 2 megas o más, y nos vamos a quejar porque en una plaza a la que hay que bajarse el portatil u otros dispositivos tenemos 1 mega y compartida.

El problema es que un Ayuntamiento puede estar tentado a ofrecer el servicio de wifi gratis en determinados lugares por aquello de parecer moderno, y una vez puesto en marcha comprueba que el número de usuarios es ínfimo. Pero se resiste a quitar la wifi, por si se queja algún vecino, la oposición, la prensa... Ya sabemos que los políticos no son muy dados a rebajar el número de servicios, sino más bien a aumentarlos, aunque su validez no esté plenamente comprobada.

Me pregunto cuantas de las wifis municipales que están en marcha en España y dan servicio al ciudadano funcionan realmente.

Veo bien las restricciones puestas por la CMT en cuanto a contenidos (para adultos, nocivos para la juventud y la infancia...), las descargas P2P, mas que nada por no perjudicar a otros usuarios por el abuso del ancho de banda. Pero otros requisitos como dar servicio en horario de las oficinas municipales no lo entiendo. Más discutible es dar un tiempo máximo por conexión, usuario y día. Aquí tengo mis dudas, pero yo daría un par de horas, no sólo una.

Otro concepto sacado de la manga por el reglamento de prestación de servicios es el de la transitoriedad, por lo dicho anteriormente. Ponemos un nuevo servicio en marcha, sino funciona lo quitamos y si conseguimos que funcione también. O era al revés. Luego estoy a favor de eliminar la trasitoriedad y modificar el artículo 4.1., aunque ya veremos en que queda la cosa y como afectará la futura regulación a las redes wifi, sobre todo municipales.

Resumiendo, un Ayuntamiento pone wifi gratis en 5 ó 6 plazas y parques públicos, únicamente en en esos lugares, con 1 mega en cada uno de ellos "comprado" a uno o varios operadores, pudiéndose conectar los ciudadanos a cualquier hora, pero con una limitación de dos horas por día. Con un control de contenidos y de programas P2P. No sé si en un futuro la cosa cambiará, pero a día de hoy el número de usuarios de este servicio no sería tan importante como para que suponga un atentado contra la libre competencia.

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